Más de 20 organizaciones sociales expresaron su rechazo al proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de Diputados y pidieron al Senado introducir correcciones que eviten conflictos con la Constitución.
Señalaron preocupaciones clave como:
- Violencia contra niños: El proyecto excluye como violencia intrafamiliar las agresiones con fines “disciplinarios”, lo que consideran una violación a los derechos de la niñez.
- Ultraje y libertad de expresión: Critican la ambigüedad del delito de ultraje, que puede limitar la libre expresión y el derecho a denunciar abusos públicos, como los casos de violencia policial difundidos por redes sociales.
- Espionaje mal definido: El uso de términos vagos permitiría interpretaciones arbitrarias y persecuciones políticas.
- Ausencia de las tres causales: La exclusión del aborto en tres circunstancias específicas atenta contra los derechos a la vida, salud e integridad de las mujeres.
También cuestionan:
- La prescripción de los delitos de corrupción, que podría fomentar la impunidad.
- La exoneración de responsabilidad penal a iglesias, partidos políticos y ayuntamientos.
- La definición limitada de violación dentro del matrimonio, solo reconocida si hay violencia física o uso de drogas.
Las entidades firmantes reconocieron avances parciales, pero sostienen que las modificaciones son insuficientes para proteger los derechos fundamentales y combatir la corrupción.
El proyecto ahora pasa al Senado. Si no se modifica, irá al presidente Luis Abinader para su promulgación o veto.
