Santo Domingo. — El ministro de Salud, Víctor Atallah, reafirmó este martes el compromiso del Estado dominicano de financiar con recursos propios la compra de medicamentos antirretrovirales e insumos para el tratamiento y prevención del VIH/sida, asegurando la continuidad de los programas ante el retiro de apoyo de organismos internacionales.
En un comunicado, la cartera sanitaria detalló que, durante 2023, el Programa Nacional de Control de ITS-VIH-Hepatitis invirtió más de 11 millones de dólares en la adquisición de tratamientos y acciones operativas, beneficiando a 76,257 personas con VIH. Los recursos cubrieron antirretrovirales, insumos para hepatitis B, pruebas de carga viral y genotipo, fórmula infantil para niños expuestos al virus y medicamentos para la Profilaxis Preexposición (PrEP), que alcanzó a 4,060 usuarios en poblaciones clave, como trabajadoras sexuales y personas con parejas seropositivas.
Los resultados son tangibles: el país registró una caída del 7% en nuevas infecciones y una reducción del 55% en muertes relacionadas al VIH en el último año, según datos oficiales. Atallah reconoció que, aunque la sostenibilidad financiera “sigue siendo un desafío”, la República Dominicana ha logrado “prepararse con fondos propios para prevenir emergencias”, especialmente tras la decisión del nuevo gobierno estadounidense de suspender sus programas de distribución de medicamentos en naciones en desarrollo.
“Somos uno de los pocos países de la región que implementa estrategias como la PrEP y la Profilaxis Postexposición (PEP), claves para cortar cadenas de transmisión en grupos de alto riesgo”, destacó el ministro. Estas iniciativas, junto al fortalecimiento de laboratorios con pruebas de diagnóstico, han posicionado al país como referente en la respuesta regional al virus.
La doctora Mónica Thorman, coordinadora del programa, explicó que cada año se realiza una planificación rigurosa para proyectar compras y evitar desabastecimientos. “No solo aseguramos medicamentos, sino que optimizamos la logística operativa”, afirmó.
Con esta política, el Gobierno busca blindar el acceso universal a terapias, incluso en un escenario global de recortes, mientras avanza hacia las metas de ONUSIDA de erradicar el sida como amenaza de salud pública para 2030. La apuesta, subrayan, es no dejar a nadie atrás.
