El Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Contrataciones Públicas emitieron una circular que obliga a las instituciones públicas a exigir a los contratistas autorización ambiental para los agregados usados en obras. La medida, parte de la Política de Compras Públicas Verdes y el Decreto 617-22, busca frenar la minería ilegal, garantizar trazabilidad y promover la sostenibilidad.
Firmada por Paíno Henríquez y Carlos Pimentel, la disposición incluye casos en que la empresa esté en proceso de licencia, requiriendo certificación y autorización provisional. También ordena incluir especificaciones técnicas sostenibles en los pliegos de condiciones.
