Santo Domingo.– A un año y doce días de la peor tragedia no natural de la historia dominicana, el expediente del caso Jet Set ha llegado a una encrucijada decisiva. El juez Raymundo Antonio Mejía Zorrilla, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, deberá determinar si los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca donde el techo se desplomó la noche del 8 de abril de 2025, enfrentarán un juicio de fondo por homicidio.
La audiencia preliminar, que se reanudará el próximo 20 de abril, es el escenario donde el magistrado evaluará la acusación del Ministerio Público. No se trata de declarar culpables, sino de determinar si existen "indicios razonables" que justifiquen un juicio oral. En caso de acoger la solicitud, el juez deberá precisar la calificación jurídica de los hechos: ¿homicidio voluntario o involuntario?
Un peritaje que podría inclinar la balanza
En un giro procesal significativo, el juez Mejía Zorrilla aprobó un peritaje técnico solicitado por la defensa de los hermanos Espaillat, otorgando un plazo de 30 días hábiles para su realización. La decisión, adoptada mediante auto administrativo, acoge parcialmente la petición de los abogados de los imputados, quienes argumentaron que durante la fase de investigación el Ministerio Público no respondió a tiempo a su solicitud de una experticia independiente sobre las causas del colapso.
El peritaje, que deberá practicarse en los próximos días, podría arrojar luz sobre si hubo negligencia estructural, vicios de construcción o factores externos que provocaron la caída del techo. La defensa confía en que un informe técnico favorable podría debilitar la tesis de la acusación, que apunta a responsabilidad penal de los dueños por no mantener las condiciones de seguridad.
La noche que cambió al país
El 8 de abril de 2025, cientos de personas disfrutaban de una presentación del merenguero Rubby Pérez en la discoteca Jet Set, un centro emblemático de la vida nocturna de Santo Domingo. Cuando el techo se vino abajo, la música se apagó entre gritos y escombros. Rubby Pérez falleció en el acto, junto a otras 235 personas. Más de 180 resultaron heridas. La conmoción fue tal que el país entero se paralizó durante días.
Las investigaciones posteriores revelaron que el local, construido hace décadas, había sido ampliado y remodelado sin los permisos adecuados, y que se ignoraron señales de advertencia sobre la fatiga estructural. La acusación del Ministerio Público sostiene que los hermanos Espaillat conocían los riesgos y no actuaron para prevenirlos.
El peso de la decisión
El juez Mejía Zorrilla tiene en sus manos un expediente de más de 5,000 páginas. Debe evaluar si las pruebas presentadas por el Ministerio Público son suficientes para enviar a los imputados a un juicio oral.
Si el juez decide no admitir la acusación, el caso podría archivarse o devolverse al Ministerio Público para una nueva investigación. Si, en cambio, la admite, se abrirá un juicio que podría prolongarse meses y que, finalmente, determinará si los hermanos Espaillat son condenados por las muertes y lesiones.
El 20 de abril, el tribunal se reunirá nuevamente. El juez Mejía Zorrilla deberá decidir.
