Un amplio operativo liderado por el Ministerio Público en el municipio de Sosúa dejó como resultado la detención de 196 personas, tras la ejecución de 29 allanamientos y la intervención de 12 pensiones como parte de una investigación sobre trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y explotación sexual comercial.
La operación fue coordinada por la Procuraduría Especializada contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a la Fiscalía de Puerto Plata y la Dirección General de Persecución, con el respaldo de más de 500 efectivos de múltiples agencias estatales y 35 fiscales.
Durante la intervención se inspeccionaron más de 250 habitaciones y 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas. Como resultado, fueron identificadas 174 mujeres —incluyendo seis menores de edad— y 22 hombres, además de armas de fuego y otras evidencias asociadas a los delitos investigados.
La procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, anunció que el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la creación de una fiscalía especial en Sosúa, la cual dará continuidad a las acciones desplegadas en este municipio. Su misión será dirigir las investigaciones relacionadas con proxenetismo, trata, tráfico de personas, narcotráfico y delitos conexos.
“Esta nueva fiscalía permitirá sostener en el tiempo una respuesta institucional firme ante estructuras delictivas que vulneran derechos fundamentales”, expresó Reynoso.
El operativo forma parte de una estrategia integral que involucra al Ministerio de Defensa, Interior y Policía, Policía Nacional, DNCD, Dirección de Migración, Conani, Dinnaf, Policía Turística, Ejército y unidades especializadas de investigación criminal.
Sosúa ha sido objeto de denuncias constantes por parte de sectores comunitarios que reclaman la reubicación o erradicación de zonas de prostitución que operan abiertamente en el sector El Batey, área de alta afluencia turística.
Aunque el operativo fue valorado por autoridades como un paso firme contra la criminalidad organizada, en redes sociales se reportaron quejas de ciudadanos que alegan detenciones arbitrarias y retenciones prolongadas dentro de negocios intervenidos.
La Procuraduría informó que continuará con el procesamiento judicial de los casos derivados de la operación y reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos y el combate a las redes criminales que operan en zonas turísticas del país.
