La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, no oculta un alivio cauteloso al anunciar que enero terminó con una tasa de homicidios de 8.42, la más baja en la historia del país. Un logro que atribuye a la colaboración entre la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y las comunidades. Pero tras la cifra, hay matices: once territorios no reportaron ni un solo asesinato, mientras Raful insiste en que "cada homicidio duele como una herida abierta".
El dato, sin embargo, es un rayo de esperanza en medio de una lucha compleja. Las motocicletas y los celulares siguen siendo los blancos predilectos de los ladrones, un problema que el gobierno busca atacar con un registro obligatorio de motos, cámaras del Sistema 911 y vigilancia callejera. "No es solo tecnología", aclara Raful. "Es un trabajo de todos: iglesias, vecinos, autoridades. La seguridad se construye en equipo".
Cada viernes, mesas de trabajo reúnen a instituciones como la DGII y el INTRANT para afinar estrategias. Pronto, una resolución someterá a consulta pública el nuevo sistema de registro de motocicletas, que permitirá rastrearlas con mayor eficacia. "Queremos que los agentes tengan herramientas claras, pero también que la gente sienta que camina tranquila", explica.
Aunque el avance es notable, la ministra evita triunfalismos. Sabe que detrás de cada número hay historias de pérdida y que la meta no es solo reducir estadísticas, sino devolver la sensación de paz. "Esto no termina aquí —advierte—. Seguiremos hasta que cada barrio, cada familia, respire aliviada". Mientras, las cámaras vigilan, las motos se registran, y las comunidades tejen redes de prevención.
