Santo Domingo.– El mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre no se sienta a esperar la sentencia con los brazos cruzados. Su equipo legal, encabezado por los abogados Cristian Martínez y Romer Jiménez, ha lanzado un manifiesto que no solo busca la absolución de su cliente, sino que advierte sobre un riesgo sistémico: "Lo que hoy ocurre en este caso de alto perfil podría convertirse en precedente para cualquier ciudadano", señala el documento. Y para sustentarlo, enumeran diez fallas que, a su juicio, dejan la acusación del Ministerio Público en una posición frágil, cuando no en estado de colapso.
El manifiesto, presentado en el marco del denominado "Caso Coral", no es un alegato pasional, sino un documento técnico que cuestiona la base misma de la imputación: desde la generalidad de los cargos hasta la falta de trazabilidad financiera, pasando por testimonios inconsistentes y auditorías que, según la defensa, omitieron deliberadamente controles documentados.
Las 10 grietas: un recorrido por los puntos débiles de la acusación
El documento no se anda con rodeos. Cada punto es un martillazo a la estructura del caso:
- Imputaciones genéricas: La defensa sostiene que el Ministerio Público acusó a Cáceres con "generalizaciones", sin individualizar hechos concretos como exige el derecho penal. En lugar de "el 15 de enero de 2023, el acusado hizo X", la acusación habría dicho "en algún momento, el acusado participó en un esquema".
- Debilidad en el bloque de nóminas: Las personas que supuestamente cobraban del erario sin trabajar no aparecen en registros oficiales, sino en listados proporcionados por la propia acusación. Es decir, la prueba sería circular.
- Ausencia de rastro bancario: No se demostró mediante transferencias bancarias que esas personas recibieran dinero del CUSEP (Cuerpo de Seguridad Presidencial). Sin transacciones, no hay desfalco demostrable.
- Testimonios inconsistentes: Varios declarantes no pudieron identificar el origen del dinero ni vincularlo al CUSEP. Algunos entrevistados hablaron con ambigüedad o especulación, no con conocimiento directo.
- Omisiones en auditoría de almacén: La defensa afirma que la auditoría ignoró controles logísticos documentados que evidenciaban registros de entrada y salida de bienes. Es decir, se habría omitido prueba que favorecía al acusado.
- Contradicciones en ocultamiento patrimonial: Bienes que la acusación señala como "ocultos" estaban declarados en documentos presentados incluso por el propio Ministerio Público. No hay ocultamiento si está declarado.
- Falta de vínculo con Plaza Randa: Los documentos técnicos no respaldan la supuesta relación entre Cáceres, la empresa CSNA y la plaza comercial. La conexión sería una invención.
- Pruebas débiles en Asociación Madre Tierra: La imputación se apoyó en hechos no registrados en actas y testimonios basados en rumores. La defensa califica esto como "prueba de oídas".
- Análisis financiero sin trazabilidad: Se habría intentado criminalizar operaciones financieras ordinarias (transferencias, pagos, inversiones) sin demostrar origen ilícito del dinero. Es decir, se presume el delito, no se prueba.
- Cuestionamiento a la arquitectura del caso: La defensa solicitó excluir múltiples pruebas por falta de conexión, objetividad e independencia, incluyendo peritajes cuyo origen institucional cuestiona su imparcialidad.
La advertencia: "No es solo por Cáceres, es por todos"
El manifiesto no se limita a pedir la absolución. Su tono se eleva a una cuestión de principios: "La lucha contra la corrupción solo fortalece a la República cuando se ejerce con rigor, limpieza y pruebas sólidas". Si se permite que una persecución penal se sustente en cargos imprecisos, pruebas débiles o falta de trazabilidad, se pone en riesgo la presunción de inocencia y se debilita el Estado de derecho.
La defensa advierte que el "Caso Coral" no es un hecho aislado. Los métodos cuestionados —generalizaciones, falta de rastro bancario, testimonios inconsistentes— podrían replicarse en cualquier proceso judicial. Por eso, el equipo legal pide no solo la absolución de Cáceres, sino el cese de las medidas de coerción y la exclusión de pruebas por falta de idoneidad, pertinencia y regularidad procesal.
El contexto: un caso que conmocionó al país
El "Caso Coral" estalló en 2024, cuando el Ministerio Público acusó a Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, de liderar una red de corrupción que habría desfalcado al Estado con cientos de millones de pesos. La acusación incluyó cargos por asociación de malhechores, desfalco, soborno y lavado de activos. Cáceres ha estado en prisión preventiva durante meses.
La defensa, ahora, contraataca con este manifiesto. El documento será presentado ante los jueces, pero también busca influir en la opinión pública. No es solo un alegato legal; es una estrategia de comunicación para sembrar dudas sobre la solidez de la acusación.
El pulso continúa
El Ministerio Público aún no ha respondido oficialmente al manifiesto. Pero sus voceros extraoficiales insisten en que las pruebas son sólidas y que los señalamientos de la defensa son "maniobras dilatorias". El caso sigue su curso.
Mientras tanto, Adán Cáceres permanece en prisión. Su equipo legal pide su libertad inmediata. El país observa. Porque, como advierte el manifiesto, lo que está en juego no es solo la suerte de un militar retirado, sino la credibilidad de todo el sistema de justicia. Si la acusación se derrumba, será un duro golpe a la lucha anticorrupción. Si se sostiene, la defensa habrá fracasado. Pero mientras los abogados escriben y los jueces deliberan, una pregunta flota en el aire: ¿estamos ante un caso de corrupción real o ante una construcción endeble que amenaza con convertirse en un precedente peligroso? El tiempo, y las pruebas, lo dirán.
