El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) vuelve a estar bajo la lupa tras la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que anuló decenas de adjudicaciones en los procesos de uniformes, mochilas y kits escolares por graves irregularidades.
La investigación reveló un patrón de falsificación de documentos, colusión entre oferentes, evaluaciones técnicas deficientes y conflictos de interés que comprometían la transparencia del proceso de compras.
En el caso de mochilas y kits escolares (INABIE-CCC-LPN-2024-0010), la DGCP dejó sin efecto 18 adjudicaciones y ordenó reevaluar 25 proveedores, mientras que en la licitación de uniformes (INABIE-CCC-LPN-2024-0008) se anularon 21 contratos y se dispuso la revisión de 64 empresas.
La gravedad de los hallazgos llevó a remitir el expediente a la PEPCA, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General, ProCompetencia, la DIGEIG y el Ministerio de Educación, además de recomendar sanciones para el Comité de Compras y peritos involucrados.
Con estas resoluciones, la DGCP marca un precedente: el dinero destinado a la educación pública no puede ser administrado bajo prácticas opacas ni beneficiar a redes empresariales que buscan manipular el sistema de compras estatales.
