La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra siete de los ocho imputados que recurrieron sus medidas de coerción en la Operación Cobra 2.0-A, vinculada al presunto desfalco de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). El tribunal solo modificó la medida impuesta a Elsa de la Rosa Vásquez, a quien dispuso arresto domiciliario y el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, mientras rechazó los recursos de los demás procesados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, explicó que la variación se debió a que la imputada admitió ante los jueces los hechos que se le atribuyen, aunque precisó que continúa sometida a una medida privativa de libertad.
Los siete imputados que seguirán en prisión preventiva son Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Wander Manuel Díaz Encarnación, Ysabel Heredia Vallejo, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo. La audiencia comenzó pasadas las 10:00 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:00 de la noche, y estuvo encabezada por los jueces Ysis Muñiz, presidenta del tribunal, Teófilo Andújar e Ingrid Fernández.
En sus motivaciones, los magistrados señalaron que el arraigo social, laboral, económico y familiar de los imputados no constituye por sí solo un elemento suficiente para descartar la prisión preventiva. Indicaron que también deben ponderarse la gravedad de los hechos, los daños ocasionados a las víctimas, la posible reparación y las penas que podrían imponerse.
El equipo del Ministerio Público estuvo liderado por Wilson Camacho, junto a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales José Manuel Aguiló, Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría.
En el expediente de la Operación Cobra 2.0 también figuran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García y Ray Ernesto Mercedes Lugo, quienes cumplen arresto domiciliario. Asimismo, tienen medidas de coerción consistentes en garantías económicas, impedimento de salida del país y arresto domiciliario Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Martha María Saldaña Saldaña, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Los procesados enfrentan acusaciones por estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, falsificación de documentos, sobornos, lavado de activos y desvío de recursos públicos. Según la investigación, las maniobras fraudulentas incluían facturación de servicios médicos no realizados, suplantación de identidad de afiliados y manipulación de bases de datos.
La investigación principal de la Operación Cobra llevó al arresto del exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, así como de Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes cumplen distintas medidas de coerción. También fue procesada Ada Ledesma Ubiera, a quien se le varió la medida por razones de salud el pasado 16 de julio.
Como parte de las actuaciones del caso, el Ministerio Público también procesa a Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó 18 meses de prisión preventiva el pasado 30 de julio. Guzmán Vásquez se desempeñó como auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa entre marzo de 2021 y noviembre de 2022 y, de acuerdo con la investigación, estaría vinculado a autorizaciones irregulares de procedimientos médicos y consultas mediante las cuales la estructura habría obtenido pagos fuera de los parámetros legales. Fue arrestado a finales de abril cuando intentaba salir del país con destino a Boston sin boleto de retorno.
La persecución del Ministerio Público también se extendió al sector salud con la Operación Onco14, puesta en marcha en junio pasado, mediante la cual fueron arrestadas tres personas señaladas por presuntas irregularidades en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Entre los detenidos figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez. El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían utilizado maniobras fraudulentas para obtener beneficios económicos en perjuicio del patronato, el instituto oncológico, los pacientes con cáncer y SeNaSa. Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
