La aprobación en primera lectura de un proyecto que suprime las aspiraciones sin partido enfrenta al poder legislativo con una sentencia vinculante de la alta corte. Legisladores alegan que la Constitución prioriza el sistema de partidos, mientras constitucionalistas denuncian un "irrespeto" al Estado de derecho. La Junta Central Electoral había elaborado una propuesta para regular la figura, pero los diputados la sepultaron.
Santo Domingo — El Congreso Nacional se encamina a un choque institucional de primera magnitud. Con la aprobación en primera lectura de un proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes, los legisladores han decidido desafiar abiertamente una sentencia del Tribunal Constitucional que, en diciembre de 2024, declaró inconstitucionales las trabas impuestas a los aspirantes desligados de partidos políticos.
La iniciativa, defendida por voceros de las principales fuerzas políticas, sostiene que el sistema democrático dominicano, según la Constitución, da prioridad a los partidos para la participación en comicios. Pero los constitucionalistas no han tardado en calificar la decisión como un golpe al Estado de derecho.
"Una rabieta hiperpartidista"
El abogado Eduardo Jorge Prats fue tajante en su cuenta de X: calificó la decisión de los senadores como "una rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos". Según el jurista, en el fondo no es más que "expresión del deseo de hacer siempre ostensible el irrespeto de los legisladores y los poderes políticos hacia las sentencias vinculantes del TC".
Por su parte, Alberto Fiallo-Billini, el abogado que propulsó en el Tribunal Constitucional la regulación de las candidaturas independientes, cuestionó que se limite la participación política a las organizaciones partidarias. A su juicio, obligar a un ciudadano a inscribirse en un partido para poder aspirar a un cargo electivo "restringe el derecho a elegir y ser elegido, ya que la participación en los asuntos públicos no debería depender de la autorización de un partido".
Los argumentos de los legisladores
Cuatro voceros de las principales bancadas defendieron la medida en el hemiciclo. Ramón Bueno (PRM) expresó su respaldo al modelo de partidos y advirtió que abrir ampliamente las candidaturas independientes podría debilitar ese esquema y generar "desorden político".
Gustavo Sánchez (PLD) sostuvo que los partidos constituyen "los instrumentos institucionales para la participación democrática" y que permitir postulaciones sin las formalidades establecidas "podría generar distorsiones en el proceso electoral".
Elías Wessin Chávez (PQDC) fue más allá: consideró que las candidaturas independientes solo podrían implementarse plenamente mediante una reforma constitucional, ya que la Carta Magna establece que las candidaturas deben expresarse a través de partidos políticos.
Ramón Rogelio Genao (PRSC), autor de la propuesta, defendió la eliminación al asegurar que la figura "no está contemplada en la Constitución" y que su aplicación podría generar dificultades en el conteo de votos, el escrutinio y la presentación de resultados.
Una sentencia en vilo
La paradoja jurídica es que las candidaturas independientes ya existen. La Ley 20-23, sobre Régimen Electoral, las regula, pero en 2024 el Tribunal Constitucional consideró que la norma era demasiado rígida e imponía trabas inconstitucionales a los aspirantes.
Tras meses de debates, la Junta Central Electoral (JCE) elaboró un proyecto de ley para regular la figura en línea con lo ordenado por el TC. Sin embargo, la comisión de diputados que estudió la propuesta decidió por mayoría de votos rendir un informe desfavorable, sepultando la pieza legislativa.
Lo que viene
Con la aprobación en primera lectura, el proyecto deberá superar un segundo debate en el Senado y luego pasar a la Cámara de Diputados. De convertirse en ley, el Congreso habrá consumado un desafío directo al Tribunal Constitucional, abriendo una crisis institucional cuyas consecuencias jurídicas y políticas son impredecibles.
Los constitucionalistas ya han lanzado la advertencia: una sentencia del TC es vinculante y no cumplirla no es una opción en un Estado de derecho. Los legisladores, sin embargo, parecen dispuestos a llevar su "rabieta" hasta las últimas consecuencias.
