El director provincial de Medio Ambiente, Wilton Velásquez, lideró un operativo de inspección en los municipios de Santiago, Navarrete, Villa González y zonas aledañas, acompañado por el coronel Jiménez Villafaña del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y el mayor Roberto de la Cruz. El objetivo: verificar el cumplimiento de las licencias y permisos ambientales, en línea con la Ley 60-00 y la Ley 64-00, que regulan la gestión sostenible de los recursos naturales.
Resultados del operativo
Durante la jornada se logró:
- Paralización de dos recicladoras que operaban sin permisos.
- Incautación de maquinaria: dos retroexcavadoras, un motonivelador y un camión.
- Detención de una persona vinculada a actividades irregulares.
Marco legal y objetivos
Velásquez destacó que, según el artículo 16 de la Ley 60-00, las auditorías ambientales son obligatorias para evaluar si las empresas cumplen con las normas establecidas. Además, el artículo 46 de la Ley 64-00 exige permisos ambientales para cualquier operación que impacte los ecosistemas.
"Buscamos garantizar que la explotación minera no contamine suelos, aguas superficiales o subterráneas, ni degrade la flora y fauna local. La biodiversidad es un patrimonio irrenunciable", afirmó el funcionario.
Enfoque en la minería y sus riesgos
La inspección priorizó actividades extractivas que, sin controles, podrían:
- Alterar el microclima de la región.
- Dañar acuíferos y fuentes hídricas.
- Provocar pérdida de cobertura vegetal y hábitats críticos.
Velásquez advirtió que el Ministerio de Medio Ambiente mantendrá una "vigilancia activa" para evitar que proyectos sin licencia afecten la salud pública o generen un "impacto escénico irreversible".
Balance entre economía y ecología
El operativo refleja la estrategia del gobierno para equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Las autoridades insistieron en que las empresas deben ajustarse a estándares técnicos, desde la fase de exploración hasta el cierre de operaciones, para mitigar daños a largo plazo.
Contexto clave:
- Santiago alberga el 30% de las minas activas del país, según datos oficiales.
- En 2023, el Ministerio clausuró 15 operaciones ilegales en la provincia.
La próxima fase incluirá capacitaciones a empresarios sobre normativas y sanciones, que pueden incluir multas de hasta 5,000 salarios mínimos o clausuras definitivas. Mientras, organizaciones ecologistas celebran la medida pero piden ampliar los controles a otras regiones con alta presión extractiva.
