El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue declarado culpable este lunes por los delitos de manipulación de testigos y soborno, en un proceso judicial sin precedentes que marca un antes y un después en la historia política del país. La decisión fue emitida tras casi seis meses de juicio, durante los cuales la Fiscalía presentó evidencias de que Uribe intentó alterar testimonios que lo vinculaban con grupos paramilitares.
El fallo, leído por la jueza Sandra Heredia en Bogotá, establece que Uribe conspiró con un abogado para persuadir a tres exparamilitares —encarcelados— de modificar declaraciones previas ofrecidas al senador Iván Cepeda, quien desde hace más de una década investiga las presuntas conexiones del exmandatario con grupos armados ilegales.
Uribe, de 73 años, siguió el veredicto desde su residencia en Antioquia y no ofreció declaraciones inmediatas. Enfrenta hasta 12 años de prisión, aunque la pena será determinada en una audiencia posterior. Su equipo legal ya ha anunciado que apelará la condena.
Un legado polarizante
Uribe, presidente entre 2002 y 2010, ha sido una figura determinante en la política colombiana contemporánea. Sus defensores lo consideran artífice del debilitamiento de la insurgencia armada, mientras que sus detractores lo acusan de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo. Su gestión coincidió con el periodo más crítico de las llamadas “ejecuciones extrajudiciales” o “falsos positivos”, en las que más de 6.400 civiles fueron asesinados por el Ejército y presentados como combatientes para obtener beneficios institucionales, según la Comisión de la Verdad.
Un proceso con ecos internacionales
La condena ha generado reacciones encontradas dentro y fuera del país. El senador estadounidense Marco Rubio calificó el fallo como una “instrumentalización del poder judicial por jueces radicales” y defendió la trayectoria de Uribe. El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió en redes sociales: “El mundo debe respetar a los jueces de Colombia. Un sistema de justicia sólido es clave para superar la violencia.”
El caso contra Uribe se remonta a 2012, cuando denunció por difamación al senador Cepeda. Sin embargo, la Corte Suprema no solo desestimó los cargos, sino que inició en 2018 una investigación contra el expresidente, que derivó en el juicio actual. El Ministerio Público argumentó que Uribe envió emisarios legales a presionar a testigos encarcelados para que se retractaran o modificaran sus declaraciones.
Una figura en pie de lucha
Aunque el fallo ha debilitado políticamente a Uribe, este conserva una base leal de seguidores y continúa siendo uno de los críticos más férreos del gobierno de Petro. Desde la oposición, ha mantenido una narrativa de persecución política que sus simpatizantes comparten ampliamente.
Por su parte, Iván Cepeda, tras conocerse el veredicto, expresó: “Nadie puede mancillar el Estado de derecho. Este es un paso más en el camino de la verdad y la justicia para las víctimas del conflicto armado colombiano.”
