En un operativo de gran envergadura desplegado en la provincia de Santiago, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), con el respaldo de la Policía Nacional, la DIGESETT y el Ayuntamiento local, intervino 17 rutas del transporte público para poner coto a los incrementos en la tarifa del pasaje que no contaban con el visto bueno institucional.
Las acciones se centraron en las líneas CA, E, F, G, H, HB, HV (Villa Bao-Hato del Yaque), L, N (Negrito-Camaján), NC (Franjas), P, PA, PC, RPA, SP (Santiago-Puñal), U y Tamboril-Santiago, todas ellas afiliadas a la Federación CNTT. Durante la inspección, los agentes verificaron los precios cobrados a los usuarios, la documentación reglamentaria de los conductores y el acatamiento de las disposiciones vigentes.
El balance de la jornada arrojó cifras contundentes: de los 180 vehículos inspeccionados, un total de 85 fueron fiscalizados por incurrir en irregularidades. Además, tres unidades fueron retenidas y tres ciudadanos extranjeros fueron sometidos a los procedimientos correspondientes por las infracciones detectadas.
El director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, explicó que el operativo se concentró exclusivamente en los corredores donde se identificaron los abusos, y quiso poner en valor que el 99% del transporte organizado ha respetado el compromiso de no aumentar las tarifas, en línea con los acuerdos sellados con la entidad. Asimismo, destacó que más del 95% de las organizaciones del sector a nivel nacional respaldan la decisión de mantener estable el precio del pasaje, priorizando el diálogo y el respeto al marco legal.
Morrison recordó que el Gobierno mantiene activos mecanismos de apoyo al sector, como el subsidio a los combustibles y el programa Bonogás Chofer, del que se benefician miles de transportistas. En este sentido, reiteró que cualquier modificación en las tarifas debe estar rigurosamente sustentada en estudios técnicos y ser autorizada por el INTRANT, único organismo facultado por la Ley 63-17 para regular el régimen tarifario del transporte público de pasajeros.
Finalmente, la institución advirtió que seguirá desplegando operativos de supervisión y fiscalización en todo el territorio nacional, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los usuarios, garantizar el respeto a las tarifas oficiales y fortalecer la seguridad y el orden en el sistema de movilidad del país.
