El Gobierno dominicano anunció un conjunto de medidas orientadas a mitigar los efectos que la crisis en Medio Oriente está generando sobre la economía nacional, con un enfoque centrado en la contención del gasto público y la preservación de la estabilidad macroeconómica.
Durante la quincuagésima séptima reunión del Consejo de Ministros, encabezada en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se evaluó el avance del plan gubernamental diseñado para hacer frente a este escenario internacional adverso.
El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, explicó que las disposiciones adoptadas buscan liberar cerca de RD$40,000 millones mediante una política de racionalización del gasto. Aclaró que se respetarán todos los compromisos contractuales vigentes, mientras que los recursos aún no comprometidos serán revisados, ajustados o recortados en función de las prioridades nacionales.
Entre las acciones contempladas se incluyen recortes en gastos operativos, limitaciones en la compra de vehículos —salvo en áreas clave como asistencia social y seguridad alimentaria—, reducción de mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, así como la minimización de costos en eventos, viáticos, pasajes, textiles, combustible y publicidad. Asimismo, se propone una reducción del 50 % en el financiamiento a los partidos políticos y una disminución supervisada de las transferencias corrientes a entidades autónomas, descentralizadas y empresas públicas con capacidad de generar ingresos propios.
Rijo Presbot subrayó que estas medidas responden a la necesidad de aplazar temporalmente el gasto no esencial, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del Estado, proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo económico en un contexto global incierto.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, señaló que el principal impacto externo proviene del encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, lo que incide directamente en la inflación y en el costo de vida. Indicó que un incremento sostenido de US$10 por barril representa aproximadamente US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país, intensificando la presión fiscal y el gasto en subsidios.
Pese a este panorama, Paliza destacó que la República Dominicana ha logrado amortiguar mejor el impacto en comparación con otros países de la región, gracias a las políticas implementadas para proteger a los hogares. No obstante, advirtió que estas medidas conllevan un costo fiscal considerable, por lo que deben gestionarse con criterios de prudencia y sostenibilidad.
En la misma línea, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que el país enfrenta uno de los choques de precios más severos de su historia reciente, marcado por un aumento superior al 80 % en el precio del petróleo. Explicó que la estrategia oficial se articula en torno a tres ejes: garantizar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y mantener la inversión pública.
Díaz agregó que estas acciones se sustentan en fundamentos económicos sólidos, como reservas internacionales que superan los US$16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico sostenido, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad enfocada en salvaguardar a la población más vulnerable.
