La medida, impulsada por los ministerios de Hacienda y Administración Pública, la Contraloría y la Tesorería Nacional, busca reducir los tiempos de pago y fortalecer la transparencia en la gestión financiera pública, en el marco de la transformación digital del Estado.
SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano dio un nuevo paso hacia la modernización de la administración pública al autorizar el uso de la firma digital cualificada para la aprobación de órdenes de pago a través del Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y el Gestor de Firma Gubernamental (FIRMAGOB). La disposición busca reducir los tiempos de pago y eficientizar las gestiones administrativas dentro de las instituciones públicas.
La medida quedó formalizada mediante una resolución conjunta firmada por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa; y el tesorero nacional, Luis Delgado.
"Avanzamos hacia una gestión moderna, eficiente y mucho más transparente alineada a los objetivos de burocracia cero que promueve el presidente Luis Abinader y con la mirada puesta en la mejora de procesos y facilitar el día a día de los ciudadanos", resaltó el ministro Díaz.
Marco legal y alcance
La iniciativa se sustenta en la Ley 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales, que reconoce la firma digital como un mecanismo seguro que valida la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos. Con esta disposición, el Estado busca optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer el control interno y contribuir con una gestión pública alineada con la transformación digital.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, señaló que esta resolución conjunta permitirá seguir avanzando hacia la consecución de un Estado moderno, mediante la agilización de trámites que permitan reducir tiempos de manera segura y así elevar el nivel de competitividad del país.
Implementación progresiva
La implementación de la firma digital se realizará de forma progresiva, conforme a un cronograma definido por el Ministerio de Hacienda y Economía, en coordinación con la Contraloría General de la República, el MAP y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC).
Su aplicación será obligatoria para las entidades del Gobierno Central, instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, de la seguridad social, así como organismos no financieros que ejecutan sus operaciones presupuestarias y financieras mediante el SIGEF.
Control y seguimiento
A partir de la puesta en marcha de la firma digital, la Contraloría tomará como base los expedientes electrónicos y los documentos firmados digitalmente para los procesos de revisión, fiscalización y control interno, los cuales serán válidos para la ejecución del proceso de pago por parte de la Tesorería Nacional.
Las instituciones deberán remitir información periódica sobre la cantidad de órdenes de pago tramitadas y firmadas digitalmente, los tiempos de procesamiento, las incidencias técnicas registradas y los funcionarios habilitados como firmantes, entre otros indicadores necesarios para fines de seguimiento, control interno y auditoría.
Con esta medida, el Gobierno avanza en su estrategia de digitalización del Estado, eliminando barreras burocráticas y garantizando mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.
