El Senado aprobó en primera lectura una modificación integral al Código Procesal Penal dirigida a corregir los retrasos crónicos que afectan al sistema judicial dominicano, estableciendo por primera vez plazos máximos de cuatro años para procesos ordinarios y cinco para casos complejos.
La iniciativa, que retoma esfuerzos anteriores frustrados por fallas formales en la Ley 10-15, busca proteger tanto a víctimas como a imputados de dilaciones que, según legisladores, "a veces provocan que las personas fallezcan sin ver una resolución definitiva". Incluye mecanismos innovadores como la "extradición simplificada" —que evita trámites burocráticos ante el Ejecutivo y la Suprema Corte— y la incorporación de tecnologías para modernizar la gestión probatoria.
Entre las novedades destacan la regulación de agentes encubiertos, guías de sentencias para uniformizar criterios y la devolución expedita de bienes tras absoluciones. También se amplía el habeas corpus para prevenir detenciones arbitrarias, en línea con más de 50 ajustes derivados de jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) exhortó a ampliar el debate hacia otros actores sociales, proponiendo reforzar el debido proceso, mejorar las medidas de coerción y fortalecer la protección de testigos. La reforma aspira a restaurar la confianza ciudadana mediante una justicia más ágil, transparente y predecible.
