La idea de cobrar servicios de salud a migrantes indocumentados en República Dominicana, especialmente a haitianos, no surge en el vacío. Detrás hay una realidad que mezcla urgencias económicas, tensiones históricas y un vecino —Haití— sumido en un caos que no da tregua. Imaginen la presión para un país como la RD, que invierte en modernizar hospitales en zonas fronterizas y, al mismo tiempo, ve cómo el 35% de los partos en sus centros públicos son de mujeres haitianas que cruzan la frontera buscando lo que su país no les puede dar: atención médica básica.
Pero aquí está el dilema: ¿cómo equilibrar la responsabilidad de cuidar a tu población con el gesto humanitario hacia quienes huyen de un colapso? El presidente Abinader lo plantea como un tema de sostenibilidad. Habla de "restricciones", ya sea cobrando o limitando el acceso, pero sin perder del todo el enfoque compasivo. Es una cuerda floja. Por un lado, está el costo real: cada parto, cada consulta, cada emergencia atendida a personas sin documentos representa un gasto que recae sobre un sistema de salud que ya lucha por cubrir las necesidades de los dominicanos. Por otro, está el riesgo de que, al poner barreras, se generen problemas mayores: personas que eviten ir al médico por miedo al costo, enfermedades que no se traten a tiempo y terminen afectando a todos, sin distinción de nacionalidades.
Ahora, piensen en el trasfondo geopolítico. La RD lleva años señalando que la comunidad internacional mira hacia otro lado mientras Haití se desangra. Es fácil criticar las políticas migratorias dominicanas, pero ¿qué alternativas hay cuando la ayuda prometida a Haití no llega, cuando las soluciones regionales brillan por su ausencia? Esto no justifica medidas duras, pero ayuda a entender por qué el gobierno dominicano se siente atrapado entre la presión interna —ciudadanos que exigen prioridad en servicios— y las demandas éticas globales.
Y luego está el tema social. En las calles dominicanas, la xenofobia hacia los haitianos no es nueva. Una política como esta podría avivar ese fuego, estigmatizando aún más a comunidades que ya viven al margen. No es solo una cuestión de leyes: es cómo se percibe al "otro" en un contexto donde la identidad nacional se siente amenazada.
Pero incluso si se implementara el cobro, ¿funcionaría? Los migrantes indocumentados suelen ser población en extrema pobreza. ¿Pagarán por un parto o una consulta prenatal? Probablemente no, lo que llevaría a más partos en condiciones inseguras o a emergencias hospitalarias aún más costosas. Y ahí está la ironía: lo que busca ahorrar el gobierno, podría terminar costándole más.
Al final, este debate revela una verdad incómoda: no hay soluciones fáciles cuando un país carga con las consecuencias de la inestabilidad ajena. Cobrar por los servicios podría aliviar tensiones a corto plazo, pero sin un plan regional para fortalecer a Haití —y sin presión internacional real—, la RD seguirá siendo el parche de un problema que requiere cirugía mayor. Mientras tanto, en medio de discursos y números, quedan las madres haitianas que cruzan la frontera con la esperanza de que, al menos en el momento de dar a luz, el mundo les dé una mínima garantía de dignidad.
